Comparto editorial de ARPAS del 26 de julio 2013.
Ley a debate
La propuesta de Ley de Radiodifusión Comunitaria, presentada por las radios comunitarias y varias organizaciones sociales, fue admitida ayer por el pleno legislativo y enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para ser discutida en los próximos días.
La propuesta –como bien argumentó la diputada Lourdes Palacios al momento de presentar la pieza– busca reconocer legalmente a los medios comunitarios por radiodifusión (radio y televisión), asegurarles espacios en el dial para su funcionamiento y establecer un mecanismo democrático para asignar las concesiones. Éste sería un concurso público donde se valore, como principal requisito, el proyecto comunicacional de servicio comunitario que se pretende desarrollar.
La diputada reconoció que los medios comunitarios contribuyen a la democracia del país mediante la promoción de los valores democráticos, los derechos humanos, la participación ciudadana, el desarrollo social, la protección del medioambiente, la equidad de género, la prevención de la violencia, la cultura local, la memoria histórica y la democratización de la palabra.
Pero la legisladora señaló que, a pesar de esto, los medios comunitarios no están reconocidos en la Ley de Telecomunicaciones vigente y que, debido al mecanismo de subasta para asignar las concesiones de radiodifusión, los medios comunitarios no pueden obtener frecuencias ni siquiera por la vía comercial.
Por tanto, la parlamentaria urgió legislar a favor de los medios comunitarios reconociéndolos legalmente y designándoles los espacios que les corresponden en el espectro radioeléctrico. Y agregó que la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria ayudará la construcción de un modelo de medios más plural y diverso, necesario para profundizar la democracia.
Las radios comunitarias surgieron en 1993, y durante veinte años han funcionado sin un marco legal que les favorezca. En diciembre de 1995 el gobierno de turno, en vez de asignarles las frecuencias que solicitaban, declaró ilegales y mandó a cerrar una docena de radios comunitarias; y dos años después se aprobó la Ley de Telecomunicaciones que, al no reconocer a los medios comunitarios, institucionalizó esa flagrante violación a la libertad de expresión.
Así que la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria corregirá esa violación estructural al derecho a la comunicación, que consiste en mantener vigente una legislación (de Telecomunicaciones) antidemocrática que excluye a los medios comunitarios y también a los medios públicos.
