La construcción de casas provisionales en la zona protegida del sitio arqueológico Cihuatán, en Aguilares, develó otra problemática que causa igual o mayor daño que el proyecto mismo: el saqueo de patrimonio arqueológico. El área donde se pretendía construir viviendas permanentes para los damnificados de la tormenta “Ida” se encuentra dentro de las 420 manzanas del sitio arqueológico, las cuales fueron declaradas zona de protección en abril de 2007.
A simple vista, en la superficie sólo se observan cientos de rocas de diferente tamaño. Sin embargo, Paul Amaroli, investigador de Cihuatán y miembro de la Fundación Nacional de Arqueología (Fundar), explicó que se trata de las bases de las casas de los antiguos moradores de dicha ciudad.
A lo largo de la calle de acceso al proyecto, se puede observar muchas de estas piedras, algunas permanecen tal como fueran colocadas por los indígenas, es decir, en líneas formando cuadros o rectángulos.
“Si se excava una casa bien conservada, se pueden hallar piedras quemas, piedras de moler o metates, cerámica quebrada”, manifestó el arqueólogo.
Pero a medida que incrementa la población en la zona del cantón Piñalitos, donde está el sitio arqueológico, estas piedras de mueven de su lugar o desaparecen.
En algunos casos, son cargadas en camiones y vendidas para construcciones particulares; en otros, son removidas por pobladores que buscan animales silvestres como iguanas, garrobos y cusucos o para buscar piezas de cerámica.
De acuerdo a Amaroli, este es un problema que se viene desarrollando poco a poco. “Es un daño sin tractor”, expresó.
De las 420 manzanas del área protegida, 105 pertenecen al Estado y conforman el centro ceremonial Cihuatán, ahora parque arqueológico. Y 315 están en manos privadas.
En uno de los terrenos privados está una pirámide, la cual pudo haber sido un templo; y en otro se observa una plataforma elevada.
Por la cercanía de cada estructura, la zona pudo estar densamente poblada. “Era una ciudad, un barrio completo con callejones entre las casas”, indicó Amaroli.
El terreno donde se construyeron las viviendas provisionales también estaba lleno de estas estructuras, por lo que considera que fue gravemente dañado.
En los últimos años, las propiedades fueron utilizadas para pastar ganado y para siembra de caña de azúcar.
La cobertura boscosa es poca y se ve amenazada por los habitantes que buscan leña. Erica Deras, quien habita en una de las viviendas provisionales, comentó que cuando no tienen gas propano para cocinar sus alimentos, recurren al uso de leña. “Cuando no hay gas hay que rebuscarnos con chiribiscos para cocer los frijoles y el maíz”, expresó.
Los recientes daños fueron reportados por Fundar a la Secretaría de Cultura, el pasado 24 de marzo.
Alternativa
Sumar esfuerzos para proteger lo que queda del sitio arqueológico es urgente. En declaraciones brindadas a mediados del mes de marzo, tanto el alcalde de Aguilares, Wilfredo Peña, como el viceministro de Vivienda, Edín Martínez, expresaron que una solución es que el Estado, a través de la Secretaría de Cultura, compre los terrenos privados y los añada al parque arqueológico, para protegerlos.
Paul Amaroli coincide con esta idea y llama al gobierno central a que se encargue de adquirir la tierra e iniciar la investigación en la zona. De norte a sur, Cihuatán comprende cuatro kilómetros de longitud.
Normativa de Bienes Culturales
La declaratoria de protección de la zona de Cihuatán se hizo en base a Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su Reglamento, difundida el 21 de abril de 2007 en el Diario Oficial.
El artículo 21 del Reglamento indica que no se puede aprobar “obras de construcción, reparación, demolición, modificación, reconstrucción, ampliación o de cualquier otra forma que altere o afecte inmuebles de propiedad pública o privada que hayan sido declarados Bienes Culturales”.
Obras Públicas y las alcaldías no pueden autorizar proyectos relacionados a estos bienes. La parte final del artículo 24 dice que la entidad correspondiente en materia cultural “constantemente mantendrá informado al Ministerio de Obras Públicas y Municipalidades, de los Bienes Culturales inventariados y registrados como tales, para su debida protección”.
Por su parte, el Centro Nacional de Registros (CNR), se desvinculó de toda responsabilidad en el tema, diciendo que “no tiene facultades” para participar en la toma de decisiones para adquirir inmuebles o para conferir permisos de construcción.
FOTOS: TULIO GALDÁMEZ
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