CUATRO RAZONES PARA APROBAR UNA LEY QUE PROHÍBA LA MINERÍA DE METALES EN EL SALVADOR
1. Prohibir en forma definitiva la minería metálica. El Presidente Mauricio Funes ha reiterado en varias ocasiones que, durante su administración, no habrá proyectos mineros. Sin embargo, la sola declaración presidencial es insuficiente para prohibirlos definitivamente. Es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para evitar que futuros gobiernos sí los permitan. En tal sentido, una ley (y una eventual reforma constitucional) es la única manera de cerrar en forma definitiva las posibilidades de explotación minera para librar al país de los peligros que representa la extracción de metales del subsuelo: contaminación ambiental, enfermedades mortales, actos de violencia, pérdidas económicas y corrupción.
2. Tener más fuerza moral para exigir a Guatemala la suspensión del proyecto minero Cerro Blanco. El gobierno guatemalteco autorizó recientemente a la trasnacional canadiense Gold Corp instalar la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita (Jutiapa), a sólo 18 kilómetros de nuestra frontera, por el lado de Metapán (Santa Ana). Ésta podría contaminar el Río Lempa, a través del Lago de Güija, por lo que El Salvador debe exigir la suspensión inmediata de ese proyecto minero (De igual forma, el gobierno salvadoreño debe procurar la no autorización de actividades mineras que Guatemala, Honduras y Nicaragua proyectan permitir cerca de nuestra frontera, ya que podrían dañarnos). Para esto, el Estado de El Salvador tendría mayor solvencia moral si prohíbe la minería metálica en su territorio, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa.
3. Evitar nuevas demandas de compañías mineras contra el Estado en tribunales internacionales como el CIADI. La actual Ley de Minería, aprobada en diciembre de 1995, permite la minería metálica y propició la llegada de empresas como Pacific Rim y Commerce Group, que hoy demandan al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (La primera por negarle el permiso de explotación en Cabañas y la segunda por suspenderle una vieja licencia de extracción en La Unión); y si esa ley no es derogada –y aprobada una que prohíba la minería– más empresas harán lo mismo. Por tanto, el Ejecutivo debe solicitar a la Asamblea Legislativa que avale una ley prohibitiva de la minería que sustituya a la normativa actual.
4. Eliminar la causa principal de conflictividad en Cabañas. La violencia criminal en Cabañas (asesinato de tres ambientalistas, atentados contra el sacerdote Luis Quintanilla, amenazas de muerte a reporteros de Radio Victoria, intentos de asesinato a Francisco Pineda y otros miembros de la resistencia antiminera, etc.) se debe a la presencia de Pacific Rim. Esto, según la resolución del Juzgado Sentencia de Sensuntepeque, del 15 de marzo de este año, correspondiente al juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar al líder antiminero Ramiro Rivera Gómez. Entonces, al aprobar una ley prohibitiva de la minería, que obligue la retirada de Pacific Rim y demás empresas mineras, se terminaría el principal factor que genera conflictos en las comunidades de Cabañas y se evitaría una mayor confrontación social.
Estos cuatro motivos son determinantes para que la recién creada Comisión de Medioambiente y Cambio Climático discuta la propuesta de nueva Ley de Minería, y proponga cuanto antes su aprobación al pleno legislativo. Dicho proyecto de ley, presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en diciembre de 2007, plantea la prohibición definitiva de la minería de metales y regulaciones adecuadas a la minería no metálica. Avalando esta normativa los grupos parlamentarios serían consecuentes con su recomendable parcial, aprobado en octubre de 2007, que pide al Ejecutivo no permitir los proyectos mineros. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la mayoría de representaciones legislativas.
Los diputados y diputadas deben tener certeza de que la aprobación de dicha ley será respaldada por el Ejecutivo, pues el Presidente Funes prometió apoyarla. En febrero de este año, durante la inauguración del año escolar, en Sensuntepeque (Cabañas), el mandatario declaró –ante la pregunta de un periodista de la prensa extranjera– que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley prohibitiva de la minería, su Administración la ratificará. Por su parte las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ofrecen total apoyo al Parlamento y a Casa Presidencial en la concreción de esta ley que prohibirá en forma definitiva la minería, dará solvencia moral al gobierno para reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco, evitará nuevas demandas en el CIADI y acabaría con la conflictividad en Cabañas.
San Salvador, 21 julio de 2010
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