La cifra de asesinatos de empleados del servicio de transporte público de pasajeros llegó a 143, el pasado miércoles. Los móviles pareceren ser los mismos: represalias por negarse a pagar extorsiones.
Este fenómeno delictivo cobra más fuerza cada día en El Salvador. Los extorsionistas ya no están satisfechos con amenazar a los empresarios, ahora realizan acciones como asesinar a los motoristas y cobradores para demostrar que tienen el control.
¿Y la policía? Bien, gracias.
Digan lo que digan las autoridades policiales sobre denunciar a los hechores y los planes de combate a las extorsiones, el problema sigue latente.
Algunos empresarios no sienten confianza en la corporación policial para hacer sus denuncias. Y no es para menos, algunos elementos se han mezclado con pandilleros para dejarlos cobrar la mal llamada "renta" y obtener una tajada de los ingresos.
Este es un mal que echó raíces a costa de la sangre de los trabajadores del transporte. Aunque haya quien piense que el desorden del sector es uno de los grandes problemas del país, siempre es de lamentar la muerte de un trabajador y mucho más si es de forma violenta.
Más que promover la denuncia de las extorsiones, la policía y su división de investigación debería lanzar un operativo con agentes encubiertos para identificar al que cobra la "renta" y quien la recibe finalmente, para acabar de una vez con estas estructuras criminales que generan luto y dolor a las familias salvadoreñas.
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