A nueve años de los terremotos de enero y febrero de 2001, que dejaron cientos de fallecidos y más de un millón de salvadoreños damnificados, la vulnerabilidad en el país persiste.
El desroden territorial y la falta de leyes sobre el uso del agua y el suelo, que impera desde hace varios lustros, implica mayor nivel de riesgo para las familias salvadoreñas, en especial aquellas que viven en zonas de alto peligro.
Los desastres naturales nos evidencian que el salvadoreño de pocos ingresos se juega la vida a diario al habitar cerca de barrancos, ríos, cerros y aún en el área metropolitana.
A pesar de eso, aún es un sueño que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de agua, una de ordenamiento territorial, otra de gestión de riesgo y reforme la de Protección Civil.
A estas alturas, el país debería contar con estos instrumentos que permitan hacer un mejor uso de los recursos y planificar acciones preventivas y de mitigación.
Pero quizá los señores diputados esperarán otro terremoto, que haga erupción otro volcán o que haya otra tormenta "Ida" para decidirse a aprobar estas leyes y brindar a los cuerpos operativos las herramientas adecuadas para trabajar en beneficio de los salvadoreños.
Entre tanto eso ocurre, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de todos los desastres naturales que golpearon El Salvador.
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