En las noticias de los últimos días destaca la huelga de los sindicatos de trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, que exigen a dicho órgano un aumento salarial de $300.
Las voces de rechazo y apoyo han abundado en todos los estratos sociales. Sin embargo, la mayoría de la población coincide en que es una huelga sin justificación.
De acuerdo a datos del presupuesto 2011 del órgano judicial, sus empleados gozan de buenos sueldos y prestaciones.
Discutíamos con diversos colegas que un ordenanza y una secretaria de la Corte ganan más que los profesionales del periodismo.
Los sueldos mínimos para ambas plazas son $600 y $700. Mientras que los líderes sindicales tienen salarios entre los $1,000 y los $1,200.
Además, gremiales de docentes exigen que el gobierno les incluya en el aumento salarial del 10% y 6%, prometido por el presidente Mauricio Funes a los empleados públicos. Y piden aumento salarial del 30%, basándose en la revisión salarial que se hace cada tres años según la Ley de la Carrera Docente.
Un profesor recién ingresado al sistema gana $480, los que llevan más de diez años tienen sueldos entre $500 y $600, y los que llevan 20 años de trabajar reciben entre $700 y $800.
Los pobresDel otro lado de la moneda está el resto de la población trabajadora, cuyo sueldo apenas alcanza a cubrir la canasta básica.
Un soldado de la fuerza armanda gana $240, un empleado de una ferretería "grande" gana $250, una empleada doméstica llega a los $150 y un rozador de caña logra a penas $100.
A diferencia de los anteriores, éstos no tienen posibilidades de sindicalizarse y mucho menos de hacer huelgas para exigir aumento salarial.
Cuando un empleado pide aumento, la frase más común del patrono es "si no le gusta lo que gana renuncie, otro sí va a trabajar por el mismo sueldo".
Por el temor de perder su única fuente de ingresos, los empleados acceden a trabajar largas y arduas jornadas por un sueldo de hambre.
Por encima, la población tiene que soportar malos tratos de parte de los empleados estatales.
Estas situaciones ratifican la frase "el que más tiene, más quiere". Al final, los suelos de los empleados públicos se pagan con los impuestos de la población que gana poco.